martes, 20 de agosto de 2013

LA VIOLENCIA, RESULTADO DE LA DOMINACIÓN POLÍTICA TRADICIONAL

LA VIOLENCIA, RESULTADO DE LA DOMINACIÓN POLÍTICA TRADICIONAL (Ensayo)

Por Silvia Betancourt Alliegro

La violencia antigua, la precursora de la actual, data de los años cuarenta del siglo pasado. Por lo general, es presentada como un fenómeno emanado de las áreas rurales; pero es un hecho que se generalizó en el campo después que las organizaciones populares urbanas fueron desapareciendo casi en su totalidad.
La ofensiva de las clases dominantes empieza desde 1943, mediante un código social implementado por López que impulsó la restricción de los derechos sindicales, que claro, estaban concentrados en las áreas de producción: las ciudades.
En 1945 se crea la ANDI (Asociación Nacional de Industriales), en Medellín, y fue el primer síntoma y signo de la afirmación de independencia de los gremios con respecto al Estado, centralizado en Bogotá.
Entre los años 1944- 45, se da un periodo de gran prosperidad que abre la era de la especulación y de la acumulación de la riqueza, abierta durante la guerra, gracias a los grandes ingresos por las exportaciones de café. Las reservas monetarias hasta 1947 por el alza en los precios del café, propicia una era de euforia que duró hasta 1955. La prosperidad propicia la tolerancia directa entre los gremios, sin la mediación del Estado. Los enriquecidos gremios protestan por la implantación de la Seguridad Social por parte del Estado colombiano, y por la nacionalización parcial de la Tropical Oil Company.
La movilización del pueblo, de 1944 a 1948, se lleva a cabo en las ciudades. Se organizan huelgas de gran importancia como la huelga del río Magdalena en 1945, el gobierno liberal se aplica a debilitar la CTC (Central de Trabajadores de Colombia). Y a partir de 1947 se intensifica la represión contra los sindicatos, hasta casi su exterminio en 1948. Después del 9 de abril de 1948 –día en que asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán -, el movimiento sindical  deja de ser autónomo.
Los dirigentes Liberales y Conservadores, asociados en el poder desde agosto de 1946, se dieron a la tarea de debilitar los movimientos sindicales.
Entonces, la violencia se traslada a los campos de Colombia. La relación entre las luchas urbanas y la rural instaura la violencia por la disociación que Gaitán llevó a su punto extremo.
Los terratenientes tradicionales y los sindicatos patronales manejan directamente las políticas económicas que correspondan a sus actividades, y los terratenientes aumentan su control sobre los trabajadores rurales. Entonces, la disolución progresiva del Estado a manos de diversas corporaciones económicas en las diferentes regiones está en marcha.
La privatización y la fragmentación es el caldo de cultivo para la violencia, y así, la iracundia colombiana comienza a tener cierto sabor a guerra civil.
Entonces, la guerra  fue llevada a los campos por los partidos políticos escudados tras las creencias religiosas tradicionales. Los asesinatos selectivos aparecen durante una época de progreso de la agricultura capitalista, sin que propugnen por la extinción de la agricultura tradicional.
En 1950, las grandes plantaciones de caña de azúcar, algodón, arroz, entre otras, tienden a extenderse sobre las tierras ganaderas.
En ciertas regiones: Tolima, Caldas, norte del Valle del Cauca- todas tierras cafeteras -, se procede a la eliminación física de los pequeños propietarios renuentes a vender sus tierras. Pero, estaban ya en 1954 y bajaron los precios internacionales del café, y la producción se concentró en los sitios de acopio.
Por consiguiente, la violencia comienza a crecer en esas zonas eminentemente cafeteras, porque la superficie cultivada no crece tan rápido como la población. La colonización rápida por los recolectores de café aporta más gente, y los precios del café habían bajado. Las antiguas formas de arrendamiento o de ‘aparcería’ –con trabajo sojuzgado- pierden su importancia, la violencia se instaura. Va aparejada con la preservación de las viejas formas de propiedad, y sobre todo, con las formas de dominación política que le son propias. La Ley 100 les dio un arma jurídica para poner fin a las  conquistas de los ‘aparceros’.
En el Valle del Cauca, los ingenios azucareros hacen relaciones con  grupos armados al margen de la ley, les dicen ‘los pájaros’, y les pagan para que ‘limpien’ sus tierras de aparceros; (más adelante, muchos años después, sus descendientes son ‘los parceros’ de las grandes ciudades, y ya sabemos cómo sobreviven).
La gran propiedad tradicional y la agricultura de tipo capitalista se apuntalan la una a la otra; es así como los terratenientes tradicionales ofrecen las condiciones políticas y económicas para la expansión de los industriales del agro, teniendo en cuenta la ausencia del Estado, la una contribuye a valorizar a la otra por el juego de los precios de la tierra.
La violencia no es entonces el resultado de la agricultura capitalista, sino más bien, de las formas de dominación política tradicional con las cuales se acompaña el progreso. El latifundio juega el papel de sustituto de un orden político en plena crisis, y con ello se ratifica la fragmentación del poder. Se requerirá del gran temor de las clases propietarias en 1953, ante la disolución del poder, para que él intervenga llamado por ellas: el ejército.
Por la vía de un golpe de Estado militar se logra la reconstrucción de un mínimo de Estado y de unificación política, sin que los partidos políticos pierdan por completo su importancia, pues más adelante se acomodaron el poder por periodos de tiempo en una forma que llamaron el Frente Nacional.
La violencia en ningún momento ha estado ausente de la tierra colombiana.

BIBLIOGRAFÍA
PECAUT, Daniel, Reflexiones sobre el fenómeno de la violencia. Tomado de Ideología y Sociedad No. 19, octubre- diciembre 1976.


NOTAS
La ofensiva de las clases dominantes se define desde 1943. Para ellas se trata de desmantelar lo que queda de ese Estado “arbitro social” y destruir los sindicatos y las demás organizaciones. A este respecto, el código social adoptado en 1945, durante el segundo gobierno de López, de debe dejar ilusiones. El mismo López había impulsado en 1943 la restricción de los derechos de los sindicatos. En diciembre de 1945 es un gobierno liberal el que, bajo pretexto de una huelga apresuradamente declara en el río Magdalena, se esfuerza por debilitar la central sindical CTC.

La cohesión de las clases dominantes, cuando se trata de bloquear la movilización popular, se expresa principalmente en el apoyo de los industriales al mantenimiento de las estructuras agrarias. La Reforma Agraria que representa la ley de 1944 sella este acuerdo. Pero esta cohesión asume también una forma política, que consiste en la voluntad de mantener un gobierno que asocia a los dos partidos, lo que se dará hasta mayo de 1949, con una corta interrupción.

Cierto es que los dos partidos tradicionales, en su lucha por el poder, canalizan una gran parte de la movilización social. Pero dejan un residuo social fluctuante, aquel que hará de nuevo irrupción el 9 de abril de 1948, e inmediatamente después en las zonas rurales, residuo caracterizado por la ausencia de una expresión política propia, la desorganización y el desmoronamiento. Por ese entonces en enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales pierde toda relación con los eventos sociales. Sería un error grosero imaginar que a partir de 1947 el partido Conservador sea el de los grandes terratenientes y el partido Liberal el de la burguesía nacional, o que el primero sea más opuesto a la legislación social que el segundo.
En realidad los industriales se inclinan por esa época, al menos en Antioquia, del lado del conservatismo, y los liberales, incluidos los ‘Lopistas’ , son tan reticentes como sus adversarios a toda forma de intervención de Estado. El residuo social de un lado, la lucha por el poder de otro, hacen inevitable la separación. Hay que anotar que esta separación no impide una cierta influencia recíproca. La lucha por el poder sería incomprensible, en su virulencia, sin el trasfondo de la movilización social. La dispersión, pero al mismo tiempo la generalización de lo que llamamos el residuo social no podría interpretarse por fuera de la grieta abierta en las instituciones por la querella a muerte entre las dos comunidades políticas.  
Si la violencia aparece, entonces, ya contenida en los conflictos sociales urbanos de 1945 a 1948, no es únicamente en razón del peso de una oligarquía más dominante que dirigente. Es, en primer lugar, consecuencia de la disociación que Gaitán llevó a su punto extremo, colocando de un lado su campaña contra la oligarquía, y estando por otro asociado con el gobierno. LA RELACIÓN ENTRE LAS LUCHAS URBANAS Y LA VIOLENCIA RURAL SE ASEGURA, ANTE TODO, POR ESA DISOCIACIÓN.
La violencia generalizada que prevalece a partir de 1948-49, la disociación entre el campo social y el campo político, que es a la vez el origen y el síntoma, no pueden producirse sino a partir de una dislocación entre el aparato del Estado y el poder del Estado. Antes de ser el resultado de la lucha por el poder entre las dos comunidades políticas, la disolución del Estado es el efecto de la política económica y social adoptada por las clases dominantes en un coyuntura de gran prosperidad económica.

Al salir de una guerra no hay lugar fácil para un Estado dotado de autonomía. La tendencia es de que subsistan las formas institucionales privadas y fragmentadas.

La Federación Nacional de Cafeteros constituye entonces la espina dorsal de una política económica liberal. Ella ofrece también el modelo de un sistema de dominación institucionalizado pero al mismo tiempo privatizado.

La Federación está en efecto a cargo de una parte importante de la política cafetera. POR MECANISMOS DE CAPTACIÓN INTERNA, ELLA ASEGURA ADEMÁS EL DOMINIO TOTAL SOBRE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES A LOS QUE ENCIERRA ENTRE SUS REDES COMERCIALES Y POLÍTICAS.

En 1945 asistimos a la imitación de ese modelo por parte de otros “gremios”. En Antioquia, los industriales conservadores ponen en marcha una red de sindicatos patronales, que son imitados enseguida por otras regiones. Además, se hacen cargo directamente de la política económica en lo tocante a sus actividades.

SE PRESENTA ASÍ UNA DISOLUCIÓN PROGRESIVA DEL PODER DEL ESTADO, ABANDONADO EN DIVERSAS CORPORACIONES ECONÓMICAS Y EVENTUALMENTE DE DIVERSAS REGIONES.

         Ospina Pérez y Laureano Gómez intentaron en vano frenar este fenómeno, el primero tratando de realizar una política económica que fuera más allá de los intereses a corto plazo de las diversas fracciones de la burguesía, y el segundo, proyectando la puesta en marcha de un Estado autoritario- corporativista.  La privatización y la fragmentación fueron más fuertes.

         Estas luchas tienen incidencia en el plano político. Si hay cohesión de las clases dominantes frente a las clases populares, se da por cuanto se trata de sus intereses inmediatos_ de 1947 a 1951, las querellas entre los “gremios” son incesantes a falta de una instancia centralizadora. Desde el momento en que los intereses regionales o locales entran en su turno en esta tendencia, el proceso de fragmentación no tiene punto de culminación. EL PODER SE DISPERSA, mientras que en la ausencia de toda legitimidad, cada unos e atribuye lo que logra con sus capacidades de movilizar y de dominar un sector económico local, la violencia se da, es el comienzo de dislocación del Estado.
         A este respecto la violencia se presenta como la manifestación de un proceso de desarrollo económico rápido, pero sin romper con el antiguo esquema de “desarrollo hacia afuera”.  El lugar del Estado queda prácticamente vacío, porque las evidencias de “la división internacional del trabajo” no frenan su curso, y con ellas, LAS DE UN ORDEN POLÍTICO Y ECONÓMICO DADO DESDE EL EXTERIOR.
SE TRATA DE UNA VARIANTE DE LA MODERNIZACIÓN CONSERVADORA, EN LA CUAL EL ESTADO ESTÁ CASI AUSENTE; EL ORDEN POLÌTICO SE CONSTITUYE DESDE ABAJO SOBRE LA INICIATIVA DE LAS CLASES POSEEDORAS BAJO LA MODALIDAD  DEL DESORDEN. (Análisis de Barrington Moore.
         En este proceso de fragmentación del poder, los partidos tradicionales aparecen como elementos de relativa unificación, los únicos en expresar una relación con la unidad nacional.

         Ni el ejército, ni la policía están en condiciones de constituir bases para la re- fundación del Estado. La policía no es independiente ni de los partidos políticos ni de los poderes locales.  EL EJÉRCITO ha demostrado, desde el 9 de abril de 1948, sus divisiones y su falta preparación política; su fragilidad frente a la oligarquía continúa incólume, y sus mecanismos de dominación armada, son fragmentarios.

         IMAGINEMOS UN CUADRO GENERAL, DONDE CONVENDRÍA DISTINGUIR LAS DIVERSAS 2LÓGICAS2 DE VIOLENCIA SEGÚN LAS RELACIONES SOCIALES Y EL TIPO DE AGRICULTURA QUE PREDOMINA LOCALMENTE.
Es claro que no hay homogeneidad entre la violencia que se instaura desde 1947 en un departamento como Boyacá, donde el fenómeno del minifundio es de una gravedad particular, y la que reina en las zonas del Valle del Cauca, bajo la iniciativa de los grandes propietarios capitalistas. No hay ningún parecido entre los conflictos que van a enfrentar a verdaderos ejércitos en aquella región fronteriza y ganadera que son los Llanos, y la violencia muy descentralizada que se da en los departamentos de Caldas y Tolima; la presión de la mediana propiedad, el vandalismo; combinándose con la lucha partidista en una mezcla inextricable. SÓLO QUEDA UN ELEMENTO COMPARABLE: EL DESMORONAMIENTO Y LA FRAGMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CAMPESINA. Para este desmoronamiento hay varias razones, hay que citar la estructura misma de la población rural presa de una gran variedad de relaciones de producción y de relaciones políticas. Hay mucha dificultad para definir a un adversario, porque el sistema de poder está diluido; entonces, hay que definir al partido contrario como adversario. Entonces, esa disociación se transforma en vandalismo, no hay entendimiento claro entre lo que es el vandalismo y la lucha social. Entonces, se privatiza el Estado no sólo  económicamente, sino también en sus funciones represivas.

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